martes, 22 de mayo de 2012

360 euros por estudiar FP superior

En España estudian FP de grado superior 280.000 personas, casi 60.000 más que hace cinco años. / PRADIP J. PHANSE 

Cataluña reabre el debate sobre la gratuidad en la pública después de la etapa obligatoria. Los sindicatos advierten de que el coste puede disuadir a los alumnos 

 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo el mes pasado tras reunirse con Mariano Rajoy que el bachillerato y la FP no son etapas obligatorias y, por tanto, podrían no ser gratuitas. Un portavoz de la Consejería de Educación madrileña explica que, aunque la presidenta planteara el debate, llevarlo a la práctica no entra hoy en los planes de su departamento. Sin embargo, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, insistió el miércoles pasado durante una entrevista en Televisión Española en que las únicas etapas obligatorias y, por lo tanto, gratuitas, son de 6 a 16 años, y que, el hecho de que otras (infantil, bachillerato y FP) en la práctica sean gratuitas en la escuela pública es un modelo, pero hay otros.

 De hecho, Cataluña ha abierto otro camino: se implantará una suerte de copago para los estudios públicos de Formación Profesional de grado superior, a los que se accede después del bachillerato. Estas enseñanzas están consideradas educación superior, como la formación universitaria. 

 Los estudiantes catalanes de FP superior deberán abonar 360 euros de matrícula anual. La medida entra en vigor en septiembre, pero a los alumnos que ya están en el sistema y que cursarán 2º curso se les aplicará, de forma excepcional, una bonificación del 50%. Con todo, la Generalitat podrá recaudar el año que viene 15,7 millones como máximo, ya que el cálculo se hace sobre las plazas ofertadas y no sobre las matrículas reales. La cifra de recaudación será superior dentro de dos cursos. 

 La medida la dio a conocer el presidente catalán, Artur Mas, el pasado martes, durante la presentación de la tercera oleada de recortes del Gobierno de CiU en un año y medio. En este último tijeretazo, la Generalitat debe recortar 1.500 millones, por exigencia del Gobierno central. Los alumnos de la FP “deben contribuir un poco”, justificó entonces Mas, quien añadió que se trata de “una primera matrícula modesta”. El viernes, la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, no descartó que se modifique en un futuro. “Primero queremos ver el impacto que tiene”, terció. 

 Los 360 euros anuales se añadirán a los gastos de matriculación que ya pagan actualmente los estudiantes de FP, que varían según el centro, pero oscilan entre los 100 euros de Barcelona y su área metropolitana y los 65 euros en Lleida. Rigau se comprometió a que la imposición de la tasa “no excluya a ningún alumno del acceso a estos estudios” por motivos económicos y anunció ayudas en forma de becas o bonificaciones.  

 En un primer momento, el departamento apuntaba a una tasa inferior, ya que se tomaban como referencia los 180 euros que cuestan las matrículas en los institutos concertados de FP. Pero Rigau aseguró que la Generalitat ha pedido al Gobierno central, que es quien fija esa tasa, que la suba. “Y sabemos que lo hará”, dijo. “En ningún caso, la concertada será más barata que la pública”, remachó. 

 A los sindicatos les parece esta una medida muy peligrosa, pues puede tener un carácter disuasorio para los alumnos, se queja Antonio Redero, responsable de enseñanza pública de FETE-UGT. Redero recuerda, además, que, a diferencia de las tasas que se cobran en la universidad, las de la FP no se gestionarán desde los centros. Asimismo, señala la contradicción “de querer potenciar la FP y a la vez poner trabas económicas a los estudiantes”. Actualmente estudian FP superior en España 280.379 personas. A otros especialistas, sin embargo, no les parece mal. “La rentabilidad de estudiar FP frente a cursar simplemente la ESO es de un 7% anual. Es decir, tras una carrera profesional de 40 años, el salario sería 15 veces mayor en términos brutos. Por tanto, cobrar tasas me parece adecuado”, dice el catedrático de Economía de la Carlos III Juan José Dolado. El catedrático de Sociología de la Complutense Mariano Fernández Enguita está de acuerdo, pero solo para el caso de la FP superior. 

 Defiende que las enseñanzas que flanquean la educación obligatoria (infantil de tres a seis años y bachillerato y FP de grado medio) deben ser gratuitas, pues se aspira a tener escolarizada a la inmensa mayoría de la población. Recuerda en su blog Cuaderno de campo que el objetivo europeo es que el 85% de la población obtenga al menos un título de bachillerato o FP de grado medio. En cuanto a la educación de cero a tres años, también cree que debe ser gratuita o, al menos, permitir el más amplio acceso a quien la desee, pues “cada vez tenemos mayor evidencia de que los primeros años de vida son decisivos en el desarrollo de la persona”. 

 Sin embargo, la FP de grado superior y también la universidad, “deben ser de pago”, opina, pues ofrecen un gran beneficio personal a quien la estudia, más que un beneficio social. “La educación superior gratuita es, en todo caso, socialmente injusta y si además, alcanza a una minoría cada vez más amplia, pero que sigue siendo minoría, es económicamente insostenible”. Eso sí, compensado eso con becas y préstamos suficientes para garantizar la igualdad de oportunidades. 

 Algo parecido a lo que dijo Wert preguntado sobre el aumento previsto de las tasas universitarias y a lo que ya propuso en su día el anterior Gobierno del PSOE: ir subiendo el precio de las matrículas, sobre todo a los repetidores, pero a la vez aumentar la cobertura y dotación de las becas y los préstamos para los estudiantes. El problema es que, de momento, el curso que viene subirán las tasas en la mayor parte de España, pero no las becas. De hecho, se endurecen los requisitos para obtener y mantener las ayudas.

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